📕 UN ERROR EN EL PLE, no basta para perder el crédito fiscal del IGV: una importante precisión del Tribunal Fiscal

 

📕 La verdadera gestión tributaria no consiste únicamente en cumplir obligaciones formales; consiste en gestionar riesgos, documentar correctamente las operaciones y defender los derechos del contribuyente con sustento legal. Un empresario informado no solo evita contingencias, también fortalece la seguridad jurídica de su negocio.

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En el ámbito tributario peruano, uno de los errores más frecuentes consiste en asumir que cualquier incumplimiento formal en los libros electrónicos implica automáticamente la pérdida de beneficios tributarios. Sin embargo, la reciente Resolución del Tribunal Fiscal (RTF N.° 02137-11-2026) vuelve a recordar un principio fundamental: los derechos tributarios no pueden desconocerse únicamente por defectos formales cuando la operación económica realmente existió.

Durante diversos procesos de fiscalización, la SUNAT ha observado créditos fiscales del IGV debido a errores en el Registro de Compras Electrónico (PLE), tales como anotaciones incompletas, tardías o defectuosas. En muchos casos, estos reparos han derivado en importantes contingencias económicas para las empresas.

No obstante, el Tribunal Fiscal ha reiterado que esta interpretación resulta incompatible con la propia normativa vigente.

El numeral 3 del artículo 6 del Reglamento de la Ley del IGV establece expresamente que el incumplimiento, cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones formales relacionadas con el Registro de Compras no implica necesariamente la pérdida del derecho al crédito fiscal.

Esta disposición refleja un principio ampliamente reconocido en el Derecho Tributario: las obligaciones formales tienen una finalidad de control y verificación, pero no constituyen el origen del derecho tributario. El crédito fiscal nace cuando existe una operación gravada real, sustentada con comprobantes válidos y respaldada por evidencia suficiente que permita acreditar su efectiva realización.

La RTF N.° 02137-11-2026 no constituye un criterio aislado. En resoluciones anteriores, como la RTF N.° 09845-3-2024 y la RTF N.° 07211-5-2025, el Tribunal ya había sostenido que la Administración Tributaria no puede desconocer el crédito fiscal únicamente por incumplimientos formales cuando existen elementos objetivos que acreditan la realidad de la operación.

Este criterio fortalece un principio esencial para la seguridad jurídica empresarial: la prevalencia de la sustancia económica sobre el exceso de formalismo administrativo.

¿Qué significa esto para las empresas?

La resolución no elimina la obligación de llevar correctamente los libros electrónicos. El cumplimiento oportuno y adecuado del PLE continúa siendo una responsabilidad legal cuyo incumplimiento puede generar sanciones administrativas.

Sin embargo, la jurisprudencia deja claro que una deficiencia formal no debe convertirse automáticamente en un mecanismo para desconocer un derecho sustancial cuando la operación comercial puede demostrarse mediante contratos, comprobantes de pago, medios de pago, órdenes de compra, guías de remisión, registros contables y demás documentación que evidencie la realidad económica de la transacción.

Una reflexión para la gestión tributaria

Las empresas deben comprender que la mejor estrategia no consiste únicamente en cumplir con las formalidades, sino en construir expedientes documentales sólidos que respalden cada operación realizada.

Por su parte, la Administración Tributaria debe ejercer sus facultades de fiscalización respetando los principios de razonabilidad, proporcionalidad y verdad material, evitando que simples errores administrativos generen reparos que desnaturalicen el propósito del sistema tributario.

Conclusión

La RTF N.° 02137-11-2026 constituye un precedente relevante porque reafirma que el crédito fiscal del IGV depende principalmente de la existencia real de la operación económica y no de la perfección absoluta en el cumplimiento de cada formalidad registral.

Para las empresas, el mensaje es doble: mantener una adecuada disciplina documental sigue siendo indispensable, pero también es importante conocer que el ordenamiento jurídico reconoce mecanismos de defensa frente a reparos sustentados únicamente en defectos formales.

En un sistema tributario moderno, la función de las formalidades debe ser facilitar el control, no impedir el reconocimiento de derechos legítimamente adquiridos.

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